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Fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos laborales

En el art. 3,1 de la LPL se excluye la competencia de los tribunales laborales para “Las pretensiones sobre la impugnación de las disposiciones y actos de la Administración Publica, sujetas a Derecho administrativo en derecho laboral, salvo las que se expresan en el apartado siguiente”

Es importante acudir al precepto legal que delimita estas competencias, el problema se va a producir cuando éste no exista. Una primera aproximación a este criterio de delimitación podria ser distinguir entre los tipos de intervención de la Administración en el ambito laboral:
1. Como autoridad Administrativa desempeñando funciones de servicio publico: Incide en la relacion laboral pero no es titular de la misma y sus actos estan sujetos al control de orden contencioso administrativo.
2. Como empresario, empleador de trabajadores: Es un sujeto de derechos y obligaciones en la relacion laboral, pero a veces su intervención es meramente arbitral o tecnica, realizada a petición de las partes.

Éste artículo atribuye a los organos jurisdiccionales del orden social el conocimiento de las pretensiones relativas a:
*Imposición de sanciones por infracciones sociales 3,2 a) LPL
*Los expedientes de regulación de empleo y traslados colectivos 3,2 b) LPL

De esta forma el conocimiento de las resoluciones administrativas que autoricen despidos colectivos por causas economicas, así como las que impongan una sanción por infracción de las leyes sociales, va a estar atribuido a los tribunales del orden Contencioso-.Administrativo.
Por otra parte hay que tener en cuenta que los tribunales laborales tienen competencias que pueden coincidir con las de los tribunales Contencioso Administrativos:

a) Demandas contra el empresario en materia de extinción por causas objetivas (económicas, técnicas, de producción…)
b) Acciones individuales de reclamación de derechos que si el empresario no reconoce, puede ser sancionable en vía administrativa.
c) En el procedimiento de oficio como consecuencia de resoluciones firmes derivadas de las actas de inspección de trabajo, en las que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores.

Así, la intervención administrativa y la laboral se van a ver entrecruzadas, pudiendo exsitir una contradicción entre ambos. Ésta falta de un criterio que determine el ámbito de actuación de cada uno de los ordenes es lo que ha dado lugar a una nueva redacción del art. 3 LPL, cuya versión posterior es la Disposición Adicional Vigésimo quinta de la ley 50/1998 de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, Administrativas y del Orden social que determina que no conocerá el orden social de:

1. Tutela de derechos de libertad sindical y huelga de los funcionarios públicos.
2. Resoluciones dictadas por la Seguridad Social en materia recaudatoria o por las Entidades Gestoras en los supuestos de recaudación conjunta.
3. Pretensiones sobre la impugnación de actos de la Administraciones Publicas en materia laboral, salvo:
*Resoluciones administrativas. En relación a la imposición de sanciones por infracciones del orden social.
*Resoluciones en materia de empleo y actuación administrativa en traslados colectivos.

La suspensión del procedimiento administrativo.

Éste problema se aborda solo de manera parcial en el Art. 149 LPL, que determina que la autoridad administrativa deberá dirigir al juez laboral una comunicación para iniciar el procedimiento de oficio en los siguientes casos:
1. Cuando el acta de infracción de la Inspección de Trabajo haya sido impugnada con alegaciones y pruebas que puedan desvirtuar la relación laboral.
2. Cuando el fondo de la cuestión se atribuya al orden social , siempre que verse sobre las siguientes materias:
a. Modificación de las condiciones de trabajo impuestas unilateralmente por el empresario, en el art. 41 ET.
b. Vulneración de la normativa sobre modalidades contractuales y contratación temporal.
c. Establecimiento de condiciones laborales inferiores a las legales.
d. Cesión ilegal de trabajadores.
e. Actos del empresario contrarios a la dignidad y a la intimidad de los trabajadores.
f. Decisiones del empresario que impliquen discriminación con respecto a sus trabajadores.

La admisión de esta demanda implicara la suspensión del expediente administrativo (art150, 2 LPL), de manera que se configura una especie de prejudicialidad devolutiva respecto de la decisión del procedimiento administrativo.
Debe considerarse a la Administración como parte en el proceso, según dice el art. 150,3 en relación al art. 148,2 LPL. La sentencia firme ha de comunicarse a la autoridad laboral (art. 150,5 LPL).

La doctrina ha destacado las insuficiencias de esta solución y ha hecho las siguientes consideraciones:

1. Los supuestos son indeterminados, ya que expresiones como “alegaciones y pruebas que desvirtúen la naturaleza laboral de la relación jurídica” o “de las que se deduzca que el conocimiento del fondo debe ser atribuido al orden social”, permiten mucha discrecionalidad por parte de la administración.
2. Éste procedimiento solo opera para las infracciones administrativas mas importantes, de modo que para las que traten de materias distintas, sigue existiendo esa descoordinación entre las autoridades administrativas y laborales

No siempre reproduce además la suspensión del procedimiento administrativo, en cuyo caso se va a mantener el riesgo de pronunciamientos coincidentes entre los dos órdenes jurisdiccionales

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chamatabogados • 25 febrero, 2015


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